Especialistas advierten que los planes de desarrollo de la capital dependen de la inversión privada y que la resolución unilateral del contrato dañaría el clima de inversión.
El jueves el Concejo Metropolitano de Lima aprobó la resolución del contrato de concesión del proyecto Rutas Nuevas de Lima, suscrito por la municipalidad con la concesionaria Rutas de Lima. Tras este hecho, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) deberá elaborar una comunicación oficial dirigida a la empresa contratada en la que explicará las razones de la decisión. Este documento debe ser entregado 180 días calendario antes de la terminación anticipada prevista.
Tras ello, Rutas de Lima ante la MML el monto desagregado de las inversiones realizadas en bienes de la concesión y en sus bienes afectados y presupuestará el monto a pagar como compensación. El plazo de acreditación es de 30 días calendario luego de recibir la notificación.
La concesionaria a través de un comunicado aseguró que la MML estará obligada a pagar S/1.458 millones por concepto de endeudamiento garantizado permitido, además de las compensaciones mencionadas en el contrato. Asimismo, la empresa indicó que invirtió más de S/2.200 millones en 65 obras realizadas en el proyecto.
“Ante esta situación abiertamente arbitraria e ilegal, Rutas de Lima adoptará las acciones legales que correspondan ante las instancias nacionales y supranacionales competentes”, señaló Rutas de Lima en un comunicado emitido el viernes 20 de enero.
Cabe acotar que durante la sesión del Concejo Metropolitano se indicó que la inversión de la concesionaria ascendería a US$259 millones (S/984 millones aproximadamente).
El proyecto tiene a su cargo la mejora y conservación de tramos de la Panamericana Sur, la Panamericana Norte y la autopista Ramiro Prialé.
Confianza
Especialistas consultados indicaron que la decisión de la MML no solo llevaría este caso a un arbitraje internacional -que podría generar un nuevo perjuicio económico al Estado en caso de perderlo-, sino que también perjudica el clima de inversiones del país.
“La resolución unilateral casi nunca se usa y es una figura jurídica que se debe hacer en casos extremos y muy complicados, es seguro que va a causar una preocupación en las ya pocas personas que quieren invertir en el país por su situación política. Si la MML va a hacer proyectos a través de las Asociaciones Público Privadas, esto no va a ayudar a dar confianza a los inversionistas”, afirmó Ronald Fernández Dávila, socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.
La decisión tomada por la municipalidad también contradice la propia necesidad de incentivar las inversiones.
“Es un mal mensaje para el tema de la inversión privada. Entras a una gestión para promover la inversión privada y la dinamitas con decisión como esta. […] No puedes dejar sin efecto el contrato cuando te parezca que lo puedas hacer”, advirtió Juan Carlos Salinas, socio del estudio Muñiz.
Este cúmulo de desconfianza propiciaría que no se lleguen a las metas de infraestructura propuestas por el país.
“El Plan de Desarrollo Metropolitano que contiene los proyectos más importantes necesita inversiones de S/327 mil millones hasta el 2040. Según el mismo plan, el 42% de este monto deberían venir de participación privada ante la carencia de recursos de la Municipalidad de Lima. Sin seguridad jurídica no es posible atraer inversiones de largo plazo y por lo tanto ese plan no tiene un buen augurio”, explicó la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional a través de un comunicado.
