La tributaria del Gobierno Petro sí afectaría a la clase media, al menos indirectamente

Durante el primer panel del ForoLR “ABC de la reforma tributaria”, sus panelistas: Juan David Velasco, socio de Baker Mckenzie; Cristina Stiefken, directora de la práctica de impuestos de Cuatrecasas Colombia, y Martín Acero, socio director Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, discutieron los altos y bajos del nuevo articulado del Gobierno Petro.

El primer tema que se abordó fue el impacto de los artículos propuestos en inversión, fuga de capitales y creación de empresas. Velasco recalcó que el proyecto toca a todas las industrias transversalmente y uno de los resultados podría ser que “esos capitales de innovación busquen latitudes más benéficas”.

En esto coincidió Stiefken, quien explicó, que por ejemplo, de aprobarse la reforma tal como se presentó, habría una tributación sobre varias subcédulas que, precisamente, podrían generar un problema de fuga de capitales.

Para Velasco, el riesgo con esto es que si hay un exigencia tan alta para este sistema, podría ocasionar que este no aguante, con lo que, a futuro, no habrá una riqueza para hacer la redistribución de la que ha hablado el Gobierno desde antes de conocerse el articulado.

“Hacer empresa en Colombia es un acto de fe, hay condiciones de mercado difíciles: hay presiones inflacionarias, una tasa de cambio no benéfica. Es una reforma que sigue generando las mismas lógicas obsoletas que ha habido durante 30 años, y cómo esperar un resultado diferente,

Martín Acero, por su parte, comentó que la fuga de capitales no es algo lejano si no que ya se está dando. “Hay unas cosas que se deben ver, el país debe apostar al mediano y largo plazo, no digo que no paguen los de más ingresos, pero debe haber una justicia tributaria, que pase por la razonabilidad, porque hay sectores que se pueden marchitar fuertemente”.

Finalmente, los panelistas recalcaron que con estas cargas tributarias sobre el mercado de capitales, se podría desincentivar la inversión por ejemplo, por parte de familias que además de apoyar a las compañías locales lo ven como una forma de ahorro.

El efecto en la actividad extractiva, el tejido empresarial y el empleo

Para Velasco, un primer fallo en las cargas que se pondrían a las actividades extractivas, sería que dependen de la fluctuación de los precios, con lo que puede ser una medida muy volátil. “Hay una política sobre la transición y lo que se está buscando es apresar esa decisión, pero no precisamente va a favorecerla. Son medidas temporales y que lo que hacen es afectar industrias que están favoreciendo al país”, añadió.

“Hoy la producción puede dar una buena rentabilidad, pero no sabemos de ahora en adelante cuáles van a ser los costos para estas compañías, en últimas lo que puede pasar es que se aumenten los costos para ellos. Se está aumentando la carga tributaria e incluso podría hablarse de una tributación casi confiscatoria”, comentó Cristina Stiefken, directora de la práctica de impuestos de Cuatrecasas Colombia.

Para Martín, con la afectación a las empresas también hay un “maltrato al empleado”, no solo al de ingresos altos, sino a la industria en general, pues se “desincentiva la creación de empresa y el empleo en el país”. “No estoy de acuerdo en que esta tributaria no le pega a la clase media”, añadió.

Stiefken dijo que otra de las fallas es que la tributación no está teniendo consideración de las diferentes realidades de los contribuyentes. Si con los $10 millones deben mantener una familia, hijos, cónyuge, o si se trata de una persona soltera. “Me preocupa que se está poniendo el mismo porcentaje”, dijo.

¿Qué pasa con los pensionados?

Otro de los puntos que ha estado en el ojo público desde que se presentó el articulado es la carga que se pondría a las pensiones. Para iniciar esta discusión, Acero recalcó que las cuentas que han hecho en realidad pone la base gravable en personas con ingresos desde $5 millones y no desde $10 millones.

“No tengo problema en que los que ganan más contribuyan más, pero no digan que son solo los de $10 millones. No tengo claro que sea constitucional”, recalcó.

Cristina se unió al argumento y precisó que aplicar cambios a esta población tiene un efecto mayor, pues se trata de personas que ya han trabajado toda su vida y generalmente ya no pueden generar más ingresos. “No es lo mismo que cuando están en una edad productiva”, añadió.

“La discusión es más política que de recaudo y de conveniencia, quitarle la capacidad de consumo al pensionado es desacelerar ese fragmento de la economía”, dijo Velasco.

Para concluir, los panelistas estuvieron de acuerdo en que el documento tiene buenas metas, pero otras deben ser revaluadas por ejemplo las exenciones, la eliminación de beneficios y cuál es el verdadero impacto que tienen en la meta de recaudo.

Compartir: